Un triunfo del derecho al acceso a la tutela judicial efectiva y del liberalismo.

            El Tribunal Constitucional, en su sentencia de fecha 21 de julio de 2016, declara que las tasas judiciales son inconstitucionales y, por tanto, nulas por su elevada cuantía; y ello por considerar que vulneran el derecho a la tutela efectiva regulada en el artículo 24.1 de la CE.

            Las tasas afectadas por la mencionada sentencia solo son las que correspondían a las personas jurídicas, ya que las personas físicas quedaron exentas del pago de tasas tras la reforma que experimentó la Ley que las regulaban mediante el  Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, que llevó a cabo el actual ministro en funciones, Rafael Catalá

            El Tribunal Constitucional considera que la cuantía de las tasas, tanto la cuota fija como la que es variable, son desproporcionadas y pueden producir un efecto disuasorio en los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales para ejercitar su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

            Hasta aquí, una brevísima referencia al contenido de la citada resolución. Sin embargo, lo que más me interesa no es tanto su argumentario, que comparto, sino que la misma no dejar de suponer un recordatorio, seguramente no buscado por el TC, dirigido al Estado conminándole para que cumpla con las funciones que le son propias.

            En este sentido, el liberalismo, que surgió de la lucha contra el absolutismo, propugna la organización de un Estado de derecho con poderes limitados y con un Gobierno cuyas funciones deben quedar reducidas a la seguridad (interna –policía– y externa –ejercito-) de sus ciudadanos, al cumplimiento de los contratos y castigo de los delitos mediante tribunales de justicia, y, por último, a la dotación de infraestructuras.

            Pues bien, hoy en día, la práctica totalidad de los Gobiernos se centran más en financiar y realizar actividades que NO son propias de su cometido, y que en la gran mayoría de los casos presta la iniciativa privada mejor y a un menor coste, como televisión, radio, cultura, ocio, deporte… y otro sin fin más, desatendiendo las competencias que le son propias; desatención que se produce bien por cuanto que las presta de forma defectuosa y/o captidisminuida, o por cuanto que cobran por unos servicios cuya financiación debiera realzarse a cargo de erario público que el Estado obtiene por vía de los impuestos.

            A mi modo de ver, lo expuesto tiene su explicación en que los políticos están más interesados en llegar al poder y perpetuarse en él que en actuar conforme al interés general, ya que la permanencia en el cargo público les sitúa en una posición económica y social que, en la gran mayoría de los casos, ni han ni hubieran alcanzado, ni de lejos, con su actividad profesional o empresarial (los que la tuvieran). Así, su esfuerzo no se centra en llevar a término las funciones propias de la administración, sino en realizar aquellas actividades que entienden que le pueden reportar un beneficio en votos, y ello aún cuando las mismas queden o deban quedar fuera de campo de actuación del Estado.

            Es sabido que la Justicia, aún siendo una misión esencial y propia del Estado, no se encuentra entre las que son especialmente valoradas o premiadas por los electores; vamos, que no da votos. Ello que explica que los Gobiernos, sean del signo que sean, no solo no se esfuerzan en dotarla de una correcta organización y estructura, ni en, si fuera, necesario, en asignarle de los medios económicos que pudiera precisar para su correcto funcionamiento; sino que, además, en ocasiones,  y guiados esencialmente por un afán recaudatorio, se entretienen en gravar un servicio que es propio del estado y que se encuentran dentro de los pocos que podrían legitimar la obligación del pago de los impuestos. Como viene ocurriendo, cada vez con mayor frecuencia -por desgracia-, los Gobiernos parecen no disponer de los fondos suficientes para prestar los servicios que le son propios, pero pareciera que les sobran para “la compra de votos” mediante la oferta de servicios promocionan como gratuitos a pesar de que no lo sean ya que los sufragamos entre todos mediante el pago de impuestos-.

            Por esta vez, y quizás sin pretenderlo, el Tribunal Constitucional ha impedido al Gobierno que “desatienda” sus funciones cobrando de forma desmedida por algo que debe sostenerse esencialmente por vía de los impuestos. No obstante, mucho me temo que los Gobiernos y los políticos seguirán tendiendo a apartarse sus de sus funciones, relegando las que le son propias y asumiendo aquellas que, sin corresponderles, les ayuden a acceder o a permanecer en el poder. Ya se sabe, la cabra siempre tira al monte.